Iván “N” alias “El Cromo”,quien fue detenido este miércoles enGuadalajarapor elementos de laSecretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR),llegó a la Ciudad de México (CDMX) en una aeronave de laMarina, y posteriormente fue llevado a laFiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO)para continuar con las diligencias de ley.

El presunto delincuente es escoltado porComandos Anfibios de Operaciones Especiales de Marina.

El Cromoes un objetivo prioritario y es identificado como presunto líder deLos Cromos, célula delictiva ligada alCártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)y es considerado uno de los principales generadores de violencia del estado deOaxaca.

La mañana de este miércoles, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, dio a conocer, por medio de sus redes sociales, la noticia de la detención de Luis N, alias El Cromo, líder del grupo delictivo Los Cromos.

Harfuch informó que la detención se llevó a cabo en Guadalajara, capital de Jalisco.

De acuardo con la información proporcionada por Harfuch, la detención fue resultado del trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval de la Semar, así como del CNI.

Harfuch señaló que Iván N es identificado como uno de los líderes de Los Cromos, célula delictiva ligada al CJNG y que está relacionada con los delitos de homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas.

Además, se dio a conocer que El Cromo cuenta con dos órdenes de apehensión documentadas por homicidio calificado , relacionadas con tres víctimas, y con una tercera orden por el mismo delito, correspondiente a 2020, referida en los registros de inteligencia.

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REAPERTURA DE MONTE DE PIEDAD DESATA CAMPAÑA PUBLICITARIA QUE CUESTIONA LA ÉTICA DEL SECTOR PRENDARIO

El regreso de Nacional Monte de Piedad a sus actividades ha reactivado la competencia en el sector prendario, pero también ha dado paso a una estrategia publicitaria que parece encontrar en una crisis ajena el argumento para ganar presencia entre los consumidores.

La campaña difundida por Fundación Dondé ha llamado la atención por utilizar mensajes que hablan de mentiras, abandono y desconfianza, presentados mediante comparaciones con relaciones sentimentales. Frases como “te miente y te sigue cobrando” y alusiones a alguien que estuvo ausente durante un año forman parte de una narrativa que coincide con la reapertura de Nacional Monte de Piedad.

Sin mencionar directamente a la institución, los anuncios parecen hacer referencia a los meses en que sus sucursales permanecieron cerradas como consecuencia del conflicto laboral que enfrentó.

La estrategia busca conectar con una experiencia que miles de usuarios conocen. Sin embargo, utilizar esa circunstancia como argumento para cuestionar indirectamente la honestidad de un competidor coloca la discusión en un terreno donde la creatividad publicitaria comienza a confundirse con la descalificación.

Durante el cierre de Nacional Monte de Piedad, miles de personas enfrentaron dificultades para dar seguimiento a sus operaciones y recuperar sus pertenencias. Fue una situación que tuvo consecuencias para clientes, trabajadores y familias, y que ahora parece convertirse en materia prima para una campaña de posicionamiento comercial.

No se trata de negar que una institución pueda aprovechar las oportunidades que surgen cuando cambia el comportamiento del mercado. Esa es una práctica natural de cualquier actividad económica. El problema aparece cuando la oportunidad comercial se construye sobre la incertidumbre de otras personas y se acompaña de insinuaciones que ponen en duda la integridad de un competidor.

El hecho de que la campaña utilice humor y referencias sentimentales no elimina el fondo de sus mensajes. Asociar a una institución con expresiones como mentira, abandono o engaño tiene implicaciones que van más allá de una frase ingeniosa.

Lo que llama particularmente la atención es que estas acciones provengan de una organización que, al igual que Nacional Monte de Piedad, forma parte del sector de la asistencia privada.

Por su naturaleza, estas instituciones tienen una vocación social que las distingue de otros participantes del mercado. Sus actividades están relacionadas con la atención a personas que requieren apoyo económico, muchas veces en circunstancias difíciles.

En ese contexto, la responsabilidad de comunicar con respeto y sensibilidad adquiere un valor especial, pues la competencia puede ser intensa y las campañas pueden buscar diferenciarse, pero existe una distancia considerable entre promover una alternativa y recurrir a las dificultades de otra institución para provocar desconfianza entre sus clientes.

Mientras tanto, Nacional Monte de Piedad tiene por delante la tarea de normalizar sus operaciones, atender a quienes esperaron durante meses y reconstruir la relación con sus usuarios. Su reapertura representa también una oportunidad para que el sector demuestre que la competencia puede beneficiar a las personas.

Mientras existen señalamientos e investigaciones relacionadas con la actuación de la Auditoría Superior del Estado, el Congreso de Chihuahua avanza en una reforma que otorgaría fuero constitucional a su titular, Héctor Acosta Félix. La coincidencia de ambos procesos abre una pregunta inevitable: ¿por qué hacerlo precisamente ahora?

En medio de cuestionamientos sobre la actuación de la Auditoría Superior del Estado (ASE), el Congreso de Chihuahua analiza otorgar una nueva protección constitucional a quien encabeza ese organismo: Héctor Acosta Félix.

La propuesta avanzó el pasado 18 de septiembre en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y podría llegar al Pleno del Congreso. La modificación busca incorporar al titular de la ASE entre los funcionarios que cuentan con fuero constitucional.

El argumento a favor es proteger la independencia de la función fiscalizadora. Sin embargo, el contexto en el que se discute la reforma ha provocado dudas que el Congreso deberá responder.

Acosta Félix aparece señalado en una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República por José Pedro López Elías, titular de López Elías Finanzas Públicas, relacionada con la Auditoría Forense AEF-54/2022.

La denuncia plantea presuntas irregularidades vinculadas con la investigación realizada por la ASE sobre el refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua de 2019. Entre los posibles delitos señalados se encuentran abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público y uso indebido de atribuciones.

Hasta ahora, estos señalamientos no representan una sentencia ni acreditan responsabilidad penal. Corresponde a las autoridades investigar los hechos y determinar si existen elementos suficientes para proceder.

Pero precisamente por encontrarse estos asuntos abiertos, el avance de una reforma para otorgar fuero al auditor genera una discusión que difícilmente puede separarse del momento en que ocurre.

El refinanciamiento que desató la controversia

Una parte importante del conflicto gira alrededor del refinanciamiento de la deuda estatal realizado en 2019.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó posteriormente la constitucionalidad del decreto mediante el cual el Congreso autorizó esa operación y reconoció su validez. Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación también realizó revisiones relacionadas con las operaciones financieras y la deuda pública estatal.

Años después, la ASE encabezada por Acosta Félix realizó una auditoría forense que derivó en nuevos señalamientos y en una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.

La diferencia entre las revisiones ha provocado cuestionamientos sobre cuáles fueron los nuevos elementos encontrados y cómo se llegó a las conclusiones posteriores.

A este escenario se agregó un juicio de amparo promovido por López Elías y su despacho, dentro del cual un juez federal concedió una suspensión definitiva relacionada con determinadas comunicaciones públicas sobre el empresario y el procedimiento iniciado en su contra.

La pregunta sigue siendo: ¿por qué ahora?

El problema político para el Congreso no consiste únicamente en determinar si el titular de la ASE debería contar con fuero.

También deberá explicar por qué la reforma avanza en este momento y cuáles serían sus efectos sobre investigaciones o procedimientos relacionados con quien actualmente ocupa el cargo.

Si la intención es fortalecer la autonomía de la Auditoría Superior del Estado, los legisladores tendrán que demostrar que la reforma protege a la institución y no se convierte en una protección personal para su titular.

Porque una cosa es garantizar que un auditor pueda realizar su trabajo sin presiones políticas y otra muy distinta sería crear obstáculos para que pueda ser investigado cuando existan denuncias en su contra.

Héctor Acosta Félix tiene derecho a la presunción de inocencia y cualquier responsabilidad deberá determinarse mediante los procedimientos correspondientes.

Pero el Congreso también tiene una responsabilidad: explicar con claridad por qué considera necesario otorgarle fuero al titular de la ASE precisamente cuando existen investigaciones y cuestionamientos alrededor de su actuación.

Esa es la pregunta que, hasta ahora, continúa sobre la mesa.