La defensa de los derechos laborales y la construcción de acuerdos fueron los ejes del reciente proceso de negociación sindical de ASSA, encabezado por Rafael Munguía Almeida, secretario general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación.

Durante la negociación, la dirigencia sindical desarrolló un trabajo de diálogo y representación orientado a atender los planteamientos de las y los sobrecargos y buscar condiciones laborales claras para los trabajadores del sector aéreo.

Para fortalecer el componente jurídico del proceso, ASSA contó con la asesoría y representación de los doctores en Derecho Paola Martínez Rodríguez y Rafael Francisco Ortiz de la Torre, fundadores de DEECC Diseños y Estrategias Especializadas contra la Corrupción.

Ambos especialistas participaron en el análisis legal de las propuestas y acuerdos relacionados con la negociación, aportando respaldo técnico en los asuntos que requerían una revisión jurídica especializada.

El esquema permitió mantener una división clara de responsabilidades: la conducción y representación sindical permanecieron en manos de Rafael Munguía Almeida y de ASSA, mientras que DEECC brindó acompañamiento jurídico a lo largo del proceso.

Esta coordinación contribuyó a fortalecer la certeza jurídica y a revisar los alcances de los acuerdos laborales antes de su aplicación, incorporando criterios legales al trabajo de negociación colectiva.

Para una organización como ASSA, el respaldo de especialistas en Derecho puede convertirse en una herramienta relevante al momento de analizar contratos, condiciones laborales y compromisos derivados de una negociación sindical.

El proceso refleja la importancia de complementar la experiencia gremial con asesoría legal especializada, particularmente en un sector como el de la aviación, donde las relaciones laborales requieren análisis técnico y seguimiento.

Con la conducción de Rafael Munguía Almeida y el acompañamiento de Paola Martínez Rodríguez y Rafael Francisco Ortiz de la Torre, ASSA integró representación sindical, negociación y respaldo jurídico para fortalecer derechos de los sobrecargos.

Mientras existen señalamientos e investigaciones relacionadas con la actuación de la Auditoría Superior del Estado, el Congreso de Chihuahua avanza en una reforma que otorgaría fuero constitucional a su titular, Héctor Acosta Félix. La coincidencia de ambos procesos abre una pregunta inevitable: ¿por qué hacerlo precisamente ahora?

En medio de cuestionamientos sobre la actuación de la Auditoría Superior del Estado (ASE), el Congreso de Chihuahua analiza otorgar una nueva protección constitucional a quien encabeza ese organismo: Héctor Acosta Félix.

La propuesta avanzó el pasado 18 de septiembre en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y podría llegar al Pleno del Congreso. La modificación busca incorporar al titular de la ASE entre los funcionarios que cuentan con fuero constitucional.

El argumento a favor es proteger la independencia de la función fiscalizadora. Sin embargo, el contexto en el que se discute la reforma ha provocado dudas que el Congreso deberá responder.

Acosta Félix aparece señalado en una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República por José Pedro López Elías, titular de López Elías Finanzas Públicas, relacionada con la Auditoría Forense AEF-54/2022.

La denuncia plantea presuntas irregularidades vinculadas con la investigación realizada por la ASE sobre el refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua de 2019. Entre los posibles delitos señalados se encuentran abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público y uso indebido de atribuciones.

Hasta ahora, estos señalamientos no representan una sentencia ni acreditan responsabilidad penal. Corresponde a las autoridades investigar los hechos y determinar si existen elementos suficientes para proceder.

Pero precisamente por encontrarse estos asuntos abiertos, el avance de una reforma para otorgar fuero al auditor genera una discusión que difícilmente puede separarse del momento en que ocurre.

El refinanciamiento que desató la controversia

Una parte importante del conflicto gira alrededor del refinanciamiento de la deuda estatal realizado en 2019.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó posteriormente la constitucionalidad del decreto mediante el cual el Congreso autorizó esa operación y reconoció su validez. Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación también realizó revisiones relacionadas con las operaciones financieras y la deuda pública estatal.

Años después, la ASE encabezada por Acosta Félix realizó una auditoría forense que derivó en nuevos señalamientos y en una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.

La diferencia entre las revisiones ha provocado cuestionamientos sobre cuáles fueron los nuevos elementos encontrados y cómo se llegó a las conclusiones posteriores.

A este escenario se agregó un juicio de amparo promovido por López Elías y su despacho, dentro del cual un juez federal concedió una suspensión definitiva relacionada con determinadas comunicaciones públicas sobre el empresario y el procedimiento iniciado en su contra.

La pregunta sigue siendo: ¿por qué ahora?

El problema político para el Congreso no consiste únicamente en determinar si el titular de la ASE debería contar con fuero.

También deberá explicar por qué la reforma avanza en este momento y cuáles serían sus efectos sobre investigaciones o procedimientos relacionados con quien actualmente ocupa el cargo.

Si la intención es fortalecer la autonomía de la Auditoría Superior del Estado, los legisladores tendrán que demostrar que la reforma protege a la institución y no se convierte en una protección personal para su titular.

Porque una cosa es garantizar que un auditor pueda realizar su trabajo sin presiones políticas y otra muy distinta sería crear obstáculos para que pueda ser investigado cuando existan denuncias en su contra.

Héctor Acosta Félix tiene derecho a la presunción de inocencia y cualquier responsabilidad deberá determinarse mediante los procedimientos correspondientes.

Pero el Congreso también tiene una responsabilidad: explicar con claridad por qué considera necesario otorgarle fuero al titular de la ASE precisamente cuando existen investigaciones y cuestionamientos alrededor de su actuación.

Esa es la pregunta que, hasta ahora, continúa sobre la mesa.

El entramado judicial que involucra a la administración del exgobernador Javier Corral Jurado registró un nuevo e importante giro procedimental. Una jueza de amparo determinó dejar sin efectos el mandato de captura que pesaba sobre el consultor financiero José Pedro López Elías. Esto sucede en el marco de la investigación por supuestas asesorías ficticias ligadas a la deuda estatal. El sustento principal de este fallo radica en el conflicto competencial 20/2025, resuelto de manera definitiva a inicios de 2026 por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa. En aquella ocasión, los magistrados determinaron que la causa penal en contra de Corral debía ser conocida únicamente por un juez penal federal, debido al origen federal de las participaciones presupuestales analizadas. Bajo la misma premisa, la jueza federal Madhay Soto Morales concluyó que, dado que López Elías es considerado un coimputado directo en la misma indagatoria y por los mismos flujos de dinero, el juzgado penal local del Distrito Morelos tampoco era competente para ordenar su aprehensión. La orden del amparo es clara: el juez local debe emitir una nueva resolución y declararse legalmente incompetente. La controversia sobre qué autoridad posee la facultad de juzgar este caso ha escalado durante meses, dividiendo radicalmente las opiniones de los órganos estatales.

Con este movimiento en el tablero judicial, la validez constitucional del proceso local se desvanece temporalmente. El expediente completo del caso se enfila de forma inevitable hacia los tribunales de la federación para su análisis final.