Mientras Abelardo Valenzuela promete rendición de cuentas, su oficina oculta información, evade auditorías y simula transparencia.

Transparencia de papel

El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, repite en cada foro la palabra “transparencia” como si bastara con pronunciarla para hacerla realidad. Firma convenios, da conferencias, posa para las fotos y habla de rendición de cuentas. Pero en los hechos, su gestión se ha caracterizado por el silencio, la falta de datos públicos y la ausencia total de resultados verificables.

Los informes de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FAECH) no ofrecen claridad sobre el número real de investigaciones abiertas, las resoluciones efectivas o las sanciones impuestas. No hay estadísticas completas, ni mecanismos ciudadanos de verificación. Lo que se exhibe son acuerdos, no resultados.

Convenios para la foto, no para la justicia

La estrategia de Valenzuela parece más orientada a la comunicación política que a la acción judicial. Mientras firma “convenios de colaboración” con instituciones estatales, la percepción ciudadana sobre la impunidad no mejora. La corrupción sigue intocable, los casos de alto perfil se estancan y los responsables caminan libres.

Cada nuevo convenio se convierte en un acto de autopromoción: sellos, fotos, discursos. Pero detrás de esa fachada institucional, la fiscalía opera con la misma discrecionalidad que dice combatir. El fiscal no rinde cuentas, no publica indicadores y, en consecuencia, no genera confianza.

Una fiscalía sin espejo

La transparencia no puede ser un discurso, sino una práctica. Y en eso, Abelardo Valenzuela ha fallado rotundamente. No existe un portal de datos abiertos que detalle las investigaciones, ni un informe público que permita auditar el desempeño de la fiscalía. En cambio, abunda la propaganda institucional y los comunicados con frases vacías.

La ciudadanía, cansada de discursos huecos, percibe a la Fiscalía Anticorrupción como un aparato de simulación. Y esa percepción, aunque Valenzuela la ignore, es tan corrosiva como la corrupción misma.

La paradoja del fiscal opaco

El fiscal que se dice paladín de la transparencia es, paradójicamente, uno de los funcionarios más herméticos del sistema estatal. Sus declaraciones públicas son selectivas, sus datos escasos y sus resultados invisibles.

La rendición de cuentas no se demuestra con declaraciones, sino con hechos. Y hasta ahora, Abelardo Valenzuela no ha demostrado nada. Chihuahua necesita un fiscal que abra las puertas de la justicia, no uno que esconda la corrupción detrás de convenios y discursos.

Antonio Attolini dijo que no le permitieron hacer uso de la voz para exponer presuntos temas de corrupción de la administración de Román Cepeda.

El diputado local Antonio Attolini Murra acusó actos de censura en el Congreso del Estado, pues no le permitieron hacer uso de la voz para exponer presuntos temas de corrupción de la administración en Torreón de Román Alberto Cepeda González.

“Me han querido callar porque estoy revelando el patrón de encubrimiento sistemático con el que este Congreso protege a Román Cepeda”, afirmó el legislador morenista.

Attolini Murra señaló directamente a la Junta de Gobierno que no le permitió hablar para que se incluyera en el orden del día la discusión de dos denuncias en contra de la administración torreonense.

“Lo que hoy se me negó no es un privilegio: es el ejercicio legítimo de mi derecho como representante popular a señalar, denunciar y confrontar la corrupción que daña a los torreonenses”.

Señaló que al no permitirle presentar su propuesta a la orden del día se viola el artículo 118° del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Congreso.

“¿Por qué les incomoda tanto que se hable con la verdad? ¿Qué más tiene que pasar para que este Congreso deje de ser una tapadera?”, cuestionó. 

El legislador dijo que el 28 de abril y el 8 de mayo pasado interpuso dos denuncias penales contra el Ayuntamiento de Torreón por presuntos actos de corrupción y malversación de recursos públicos, mismas que trató de exponer durante la sesión del Congreso este martes 24 de junio.
Attolini Murra insistió en que fue víctima de censura y desde hace semanas denuncia irregularidades en la administración torreonense, tales como observaciones no solventadas que señaló la Auditoría Superior del Estado y una recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos por actos cometidos por elementos municipales.
Niega Congreso de Coahuila censura a diputado

Por otro lado, el área de comunicación del Congreso del Estado de Coahuila negó que se esté sometiendo a censura al diputado morenista Antonio Attolini Murra, luego de que éste asegurara que la Junta de Gobierno no le permitió hablar para que se incluyera en el orden del día de la sesión realizada este lunes la discusión de dos denuncias que interpuso en contra de la administración del alcalde de Torreón Román Alberto Cepeda.

“Eso dice, si fuera así, no estuviera interviniendo en éste momento”, señaló en una breve respuesta el área de comunicación a una solicitud expresa de una declaración por parte de la Diputada Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, Luz Elena Morales.

Por toda respuesta, se envió la liga de la sesión en vivo de este martes, donde se observa a Attolini en tribuna presentando una proposición con punto de acuerdo respecto de un operativo realizado en el municipio de Torreón para retirar máquinas tragamonedas.

“No hay ninguna censura, ahí te envié la sesión en vivo y ahorita está haciendo su intervención en éste mismo minuto”, señaló Carlos Valero, encargado del área de comunicación en el Congreso.

El diputado local Antonio Attoloni Murra acusó actos de censura en el Congreso del Estado, pues no le permitieron hacer uso de la voz para exponer presuntos temas de corrupción de la administración de Román Alberto Cepeda González.

Sin embargo, durante su intervención, subrayó que hubo una irregularidad y omisión en el caso de un operativo realizado para el retiro de las máquinas tragamonedas, dado que no se incluyó a policías municipales en el operativo, “el hecho de que en el operativo no pueda participar la policía municipal es consecuencia de la falta de confianza en la cadena de mando de la corporación”.

No obstante, se rechazó la propuesta para ser tomada como de urgente y obvia resolución y los congresistas votaron a favor para que fuera enviada a la comisión de Asuntos Municipales.

Por otra parte, se solicitó expresamente la entrevista con la diputada Luz Elena Morales, a lo que se contestó que se encontraba ocupada en una junta.

En este sentido se insistió en que el diputado presentó los dos puntos que había registrado en el orden del día, como fue el pronunciamiento sobre la convocatoria pública a la denuncia responsable contra la corrupción en Torreón por un presunto desfalco de más 500 millones de pesos según observaciones no solventadas señaladas por la Auditoría Superior del Estado. En ella el diputado solicitó la renuncia del edil Román Alberto Cepeda.