La gentrificación es el fenómeno en el que la llegada de nuevxs habitantes con mayor poder adquisitivo encarece el costo de vida y desplaza a las comunidades originales. En la Ciudad de México, este proceso ha provocado que más de 20,000 hogares de ingresos bajos sean expulsados a la periferia cada año debido a la falta de opciones de vivienda accesible, según el Proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT).

Además, en las últimas dos décadas, se estima que 7,000 hogares anuales se han asentado en zonas de alto riesgo debido a la imposibilidad de encontrar vivienda en áreas seguras. Estas condiciones incrementan los tiempos y costos de traslado, afectan la calidad de vida y, en muchos casos, condenan a las familias a vivir en situaciones precarias.

Desalojos forzados y vulneración de derechos

Los desalojos forzados son una violación directa a los derechos humanos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha señalado que estas prácticas suelen ser incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En México, estos desalojos han afectado especialmente a comunidades indígenas y a grupos vulnerables.

Un caso emblemático ocurrió en octubre de 2023, cuando se intentó desalojar a la comunidad otomí que ocupaba el edificio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), rebautizado como La Casa de los Pueblos Samir Flores. Durante el operativo, se reportaron agresiones a niñxs, adultxs mayores y personas con discapacidad, evidenciando la violencia sistemática que enfrentan estas comunidades en su lucha por la vivienda digna. Si desde el privilegio esta situación es preocupante, se potencia al millón ante estos casos.

Plataformas digitales y la especulación inmobiliaria

El auge de plataformas de alquiler temporal ha agudizado la crisis de vivienda en la Ciudad de México. En ciudades como Barcelona, durante la administración de Ada Colau (2015-2023), se implementaron regulaciones estrictas para frenar el crecimiento de alojamientos turísticos ilegales, protegiendo así el acceso a vivienda para los residentes locales. Estas medidas incluyeron sanciones económicas a plataformas y la recuperación de miles de apartamentos para su uso como viviendas permanentes.

En México, aunque ha habido propuestas para regular este fenómeno, la implementación ha sido limitada. Como resultado, muchas viviendas han sido reconvertidas en alojamientos temporales para turistas, lo que reduce la oferta habitacional para lxs ciudadanxs y contribuye al incremento de precios en zonas estratégicas de la ciudad.

Personas en situación de calle: Una crisis invisible ¿o que no queremos ver?

Según datos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), en 2024 se contabilizaron 1,124 personas en situación de calle en la Ciudad de México, de las cuales 86% eran hombres, 14% mujeres y 1.50 de la comunidad LGBTIQ+. Aunque existen programas de asistencia, como el modelo 4A de inclusión social, que en 2023 atendió a 2,403 personas, la problemática sigue sin resolverse de manera integral.

Estas cifras evidencian la necesidad de estrategias que no solo se enfoquen en la asistencia temporal, sino que aborden las causas estructurales de la falta de vivienda y promuevan soluciones sostenibles que permitan a estas personas recuperar su autonomía y estabilidad habitacional.

Por cierto, ante estas situaciones, sí existen proyectos independientes, como Mi Valedor, una revista que emplea a personas en situación de calle para que no sólo tengan ingresos, sino que también sus historias sean escuchadas. Te invitamos a conocer su propuesta.

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Es necesario que se implementen regulaciones efectivas que protejan a lxs ciudadanxs, fomenten el acceso equitativo a la vivienda y prioricen el bienestar de las comunidades en lugar de la rentabilidad inmobiliaria. Solo con un enfoque integral y sustentable será posible garantizar que todas las personas en México puedan ejercer su derecho a un hogar digno.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo, en entrevista para Fox News, que México tiene mucho miedo a los cárteles y que estos controlan grandes secciones del país.

Tras esta respuesta, Campos-Duffy estima que los cárteles se presentan en el 40% del territorio mexicano.

“Como mínimo”, respondió el mandatario.

Queremos ayudar a México, porque no se puede gobernar un país así, afirmó Trump y repitió una vez más que se lleva muy bien con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Donald Trump aseguró que estas organizaciones criminales han hecho “una fortuna”, aunque presumió que se ha recortado por las acciones en frontera.

La frontera está muy segura en este momento. Y no necesito una legislación. Necesitábamos un presidente que dijera: se acabó, no más gente entras, declarativo.

Trump busca que los migrantes irregulares se autodeporte y regresen a la UE

Durante la primera parte de la entrevista, el mandatario que aplica la política de autodeportación por su gobierno para expulsar a los migrantes en la situación irregular.

Reconoció que debido a la política política habrá que haber agricultores que no pueden cosechar sus cultivos, por lo que quiere que las personas se queden y regresen como legal.

Les promiseemos dinero y un billete de avión y .trabajaremos cont (Les) para que regresen lo antes posible si son buenas personas, afirmó.

Aseguró que las deportaciones se centran en migrantes con antecedentes penales, aunque los abogados de algunos de los expulsados niegan que sus clientes sean pandilleros.

La nueva metodología para medir el contenido estadounidense en un vehículo de importación hará un comercio entre México y Estados Unidos “tortuoso” y “costoso”, cuyo impacto terminará pagando el consumidor del vecino del norte, afirmó Gerardo Gómez, director general de J.D. Power de México.

Aun cuando el gobierno de Donald Trump afirma estar preparado con tecnología y equipos sofisticados de revisión en las aduanas, la nueva oficina para recaudar e ingresar las importaciones de vehículos, la metodología para cobrar arancel resulta complicada hacer el pago del arancel al porcentaje del auto que no sea de contenido estadounidense.

“Va a ser un camino tortuoso el poder llegar a definir cuál de los componentes que cumplen con la regla de origen y cuáles no y cuáles van a cargar con impuesto y cuáles no. Es decir, si de un vehículo que tiene 10,000 o 20,000 piezas -los más equipados-, ¿cuántas partes vienen de Estados Unidos que son que realmente las importaron y luego están en importación por ahí y se van a regresar, si no pagaron impuestos, sí pagan impuestos, ya pagaron algo, ¿cómo lo vas a reducir?”, expuso.

La orden ejecutiva por el gobierno de Donald Trump especifica que sólo las piezas de automóviles que cumplan con el T-MEC quedarán exentas de arancel del 25% hasta que se defina un proceso para aplicar al contenido no estadounidense.

México, Estados Unidos y Canadá están obligados a cumplir una regla de origen del 75% de componentes y autopartes para la fabricación de vehículos. El presidente de EU Donald Trump firmó una orden ejecutiva para la imposición de aranceles del 25% a autos no fabricados en EU, que impactaría a grandes exportadoras de México, entre ellas General Motors, Ford, Stellantis, Nissan y Toyota, aunque BMW, KIA y Volkswagen.

Gerardo Gómez mencionó que la situación es confusa y será hasta el 2 de abril cuando se pueda definir hacia dónde se encaminará la relación comercial entre México y EU, en especial con el tema de los vehículos.

“Vamos a tener que seguir produciendo tal vez menos vehículos, vamos a exportar menos vehículos con precios mayores que va a pagar el consumidor final. La capacidad en EU la tienen para poder implementar nuevos modelos, llevárselos allá, pero les va a tomar de 2 a 4 años, entonces aquí el reto es si en cuatro años cuando cambie de presidente no tomen otra dirección y se vuelva a revertir todo”, dijo el especialista de la industria automotriz.