Nacional
Empresas contaminantes bajo presión: Impuesto aplicado en 30% de los estados mexicanos
En México ya son diez los estados que impusieron a la industria un impuesto por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Este 2025 la Ciudad de México, San Luis Potosí y Colima se sumaron a la lista.
Zacatecas fue el primer estado en cobrar Impuestos Ecológicos, tras su aprobación en el congreso local en el 2017. La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó ese gravamen dos años más tarde y eso abrió la puerta para que otras entidades legislaran impuestos ambientales.
Sin embargo, su recaudación ha ido a la baja debido a una serie de amparos y litigios promovidos por empresas que no están de acuerdo.
Ricardo Olivares, secretario de Finanzas de Zacatecas, explicó en octubre de 2024 que las empresas, principalmente las mineras que cotizan en la bolsa, se rehúsan a pagar, pues al hacerlo “de facto estarían reconociendo que son empresas contaminantes” lo que tiene efectos nocivos ante sus inversionistas.
El director general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, José Luis Samaniego explicó que, según investigaciones, la ganadería es de las que más contamina por las emisiones de metano que tiene un potencial de calentamiento global muchas veces superior a las del dióxido de carbono.
Zacatecas fue el primero en cobrar Impuestos Ecológicos y abrió la puerta para que otras entidades legislaran impuestos ambientales
“Contaminan las fugas de metano de Pemex, las aguas residuales, el mal manejo de los desechos urbanos y en términos de emisiones de gases de bióxido de carbono que es de los sectores principales que más gases emiten, son la generación de energía y el transporte”, dijo.
Posteriormente Guanajuato, Tamaulipas, Durango, Estado de México, Querétaro y Yucatán siguieron los pasos de Zacatecas para que la industria pague una cuota por cada tonelada de carbono emitida.
El Impuesto por la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera en San Luis Potosí fue creado para gravar las emisiones directas de gases como CO2, CH4, N2O y otros, para fomentar prácticas sostenibles y reducir la contaminación ambiental.
Tras varios aplazamientos, su entrada en vigor fue fijada para el 1 de enero de 2025, con ajustes como la reducción del costo por tonelada de 3 UMA** a 1 UMA y la eliminación de requisitos administrativos complejos.
La propuesta surgió desde el gobierno del estado y fue aprobada en diciembre de 2023 por la LXIII Legislatura del congreso local, donde en diversas ocasiones pospusieron su entrada en vigor debido a inconformidades del sector empresarial.
En la Ciudad de México la cuota es de 58 pesos por cada tonelada de emisiones registradas. Este instrumento permitirá movilizar recursos para financiar proyectos estratégicos de mitigación y adaptación climática, orientados a reducir la dependencia de fuentes emisoras y a fomentar el desarrollo de tecnologías limpias.
Este instrumento permitirá movilizar recursos para financiar proyectos estratégicos de mitigación y adaptación climática
Colima aplicará exclusivamente a personas físicas y morales que reporten emisiones de GEI y cuenten con sus licencias ambientales de funcionamiento, así como sus cédulas de operación anual. No afecta a ciudadanos ni a pequeños comercios.
El monto del pago al carbono se calculará con base en las toneladas de GEI emitidas y reportadas por las empresas y las autoridades contemplan un periodo de diálogo con las personas morales y físicas sobre cómo operará y para ofrecer acompañamiento técnico.
Aunque el Estado de México tiene este gravamen activo desde 2022, para este año incluyó un subsidio del 30 por ciento en el impuesto por emisión de gases, destinado a empresas que sustituyan vehículos impulsados por combustibles fósiles por unidades híbridas o eléctricas o implementen tecnologías limpias.
El monto del pago al carbono se calculará con base en las toneladas de GEI emitidas y reportadas por las empresas
En Tamaulipas, la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, informó que el impuesto no es recaudatorio, sino que este se aplica para que las compañías disminuyan sus niveles de contaminación.
Ante el gravamen que entró en vigor en 2023, 40 empresarios tendrían que pagar en conjunto alrededor de mil 500 millones de pesos anuales al gobierno de Tamaulipas, recurso que se destinará para procesos de limpieza y de reforestación y conservación de manglares.
Hasta finales de octubre del 2024, los empresarios habían presentado 36 amparos, por lo que hasta el cierre de año solo se habían recaudado 36 millones de pesos de este impuesto verde, aproximadamente 2.4% de la meta general planteada.
México y su meta de reducción del 35% de emisiones para 2030
El director general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, José Luis Samaniego, habló sobre los compromisos que tiene México para contribuir en el cuidado del medio ambiente a través del desarrollo sustentable.
“México tiene que cumplir con su contribución nacionalmente determinada. México hizo un compromiso frente a Naciones Unidas y participamos del esfuerzo de descarbonización global. Entonces la idea es poder acercarnos al cumplimiento de la meta en 2030 que es reducir el 35 por ciento de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero”.
Luis Samaniego advirtió que eso implica que bajemos escalón por escalón hasta llegar a la meta que son aproximadamente 650 mega toneladas.
México hizo un compromiso frente a Naciones Unidas y participamos del esfuerzo de descarbonización global. La idea es acercarnos a la meta de reducir el 35 por ciento de las emisiones en 2030José Luis Samaniego, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
“Cada quien tiene que hacer su esfuerzo con inversión, con cambio de combustibles, con eficiencia energética, pero a lo mejor eso no es suficiente, entonces lo que estamos tratando de generar es un esquema de compensaciones para que mediante restauración, conservación, manejo sostenible, de ecosistemas y de bosques, se puedan compensar las toneladas que no se pudieron reducir en el área de la tecnología de la industria y de la producción, entonces que eso se convierta en una corriente de pago por servicios ambientales, a quién están protegiendo los actuales sumideros de carbono que es a través de manejo sostenible de áreas protegidas, de áreas voluntariamente dedicadas a la conservación de bosques rurales y también de restauración y de reforestación de zonas que se hayan perdido”, afirmó.
Luego explicó que más que incentivos fiscales son compensaciones para poder cumplir con las obligaciones de reducción de emisiones contaminantes de gases de invernadero.
“Digamos entonces lo que estaríamos generando es una corriente nueva de recursos que va de la industria hacia los ecosistemas para ayudar a financiar el pago o el sistema de pago por servicios ambientales que van a ir a la restauración de los ecosistemas y la restauración ambiental”, subrayó.
En este aspecto debe intervenir Hacienda, porque es un derecho de emisión. “Nosotros también tenemos que registrar las las toneladas reducidas, no reducidas, el cumplimiento o las brechas de incumplimiento para poder poner en línea las emisores de reducir al punto que México comprometió”, agregó Samaniego.
Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, comenta que hay un acercamiento con la Secretaría de Hacienda para quienes buscan un modo de producción sustentable.
“Estamos conversando con Hacienda, que es quien define ese tipo de incentivos, y ellos han desarrollado un paquete de incentivos muy interesante por ejemplo, en el corredor Interoceánico que va a conectar Coatzacoalcos con Salina Cruz y ahí estamos trabajando con ellos para que esos incentivos incorporen el tema ambiental en forma muy importante y queremos también potenciar mucho el servicio de pago por servicios ambientales.
“Lo que se logra es que haya una solución basada en la naturaleza que sea compensada realmente, que se puede pagar ese servicio. Puede apoyar al bosque, o algún humedal, o la selva, manglar. Esa protección, digamos de ese recurso le rinda frutos económicos a la población que lo logra proteger”, dijo la secretaria.
* Con información de Miguel Gallardo / Diario de Querétaro; Noé Álvarez Pascual / El Sol de Toluca; El Sol de San Luis, El Sol de Tampico y El Sol de Zacatecas.
** El 9 de enero de 2025, el Inegi dio a conocer la actualización del valor diario de la UMA en 113.14 pesos mexicanos.
Nacional
Empresario hospitalizado, deuda millonaria y propiedades en disputa: el conflicto entre USG México y Corporación HRC
La disputa judicial entre USG México y Corporación HRC ha generado cuestionamientos sobre las circunstancias en las que un empresario con graves problemas neurológicos habría firmado convenios relacionados con una deuda de más de 260 millones de pesos. La controversia involucra la entrega de inmuebles, la actuación de un mediador privado y una batalla legal que busca esclarecer la validez de los acuerdos.
Una negociación millonaria en medio de una hospitalización
¿Puede considerarse válido un convenio millonario firmado por una persona que atraviesa una enfermedad grave y permanece hospitalizada?
Esta interrogante se encuentra en el centro del conflicto judicial entre USG México y Corporación HRC, empresas que durante años mantuvieron una estrecha relación comercial dentro de la industria de materiales para la construcción.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el director general de Corporación HRC enfrentaba complicaciones neurológicas derivadas de un tumor en la base del cráneo, una condición que lo obligó a suspender sus actividades empresariales durante aproximadamente dos años y medio.
Sin embargo, el 5 de noviembre de 2021, mientras permanecía internado en el área de terapia intermedia del Hospital Ángeles Interlomas, dos asistentes de un mediador privado se habrían presentado para solicitar la firma de un convenio relacionado con garantías hipotecarias.
El acuerdo estaba vinculado con un adeudo de aproximadamente 262 millones de pesos por materiales suministrados por USG México.
Según los señalamientos de la parte demandante, las condiciones médicas del empresario deben considerarse al determinar si existió un consentimiento jurídicamente válido.
De socios comerciales a una batalla por inmuebles
El enfrentamiento tiene sus antecedentes en una relación comercial que se deterioró durante la pandemia de COVID-19.
Corporación HRC, uno de los principales distribuidores de productos de USG México, comenzó a enfrentar problemas financieros debido a retrasos en los pagos de sus clientes.
Ante esta situación, USG México suspendió el suministro de materiales a crédito y estableció nuevas condiciones comerciales.
La controversia se agravó cuando, para julio de 2022, los acreedores reclamaban aproximadamente 266 millones de pesos y la celebración de convenios que contemplaban la entrega de propiedades como parte del pago.
Los acuerdos incluían siete inmuebles valuados en 95.5 millones de pesos, además de otras tres transmisiones patrimoniales por 14.28 millones.
Tras su recuperación, el empresario cuestionó judicialmente la validez de estos compromisos.
La mediación privada también entra en la controversia
Otro elemento del conflicto es la intervención de Federico Gabriel Lucio Decanini, mediador privado certificado por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Su participación en los convenios impugnados ha colocado bajo discusión las condiciones en las que se desarrollaron los procedimientos de mediación.
El caso plantea la necesidad de examinar qué mecanismos deben garantizar que una persona con problemas graves de salud comprenda las consecuencias de los acuerdos que suscribe.
Hasta ahora, la información disponible no acredita una determinación judicial que establezca irregularidades por parte del mediador.
Un proceso judicial marcado por obstáculos
El representante de Corporación HRC emprendió acciones legales para solicitar que se declarara la inexistencia de los convenios relacionados con la deuda y la entrega de inmuebles.
No obstante, las demandas enfrentaron dificultades procesales.
Un juzgado no admitió inicialmente la controversia por cuestiones relacionadas con su cuantía, mientras que otro consideró que el conflicto correspondía a la materia civil y no mercantil.
Estas decisiones provocaron la presentación de nuevos recursos judiciales.
¿Qué está realmente en juego?
Más allá de los 266 millones de pesos reclamados, el caso entre USG México y Corporación HRC plantea una discusión sobre el consentimiento, la protección jurídica de personas en condiciones de vulnerabilidad y la validez de convenios con importantes consecuencias patrimoniales.
La controversia deberá esclarecer si los acuerdos fueron celebrados conforme a derecho y si las condiciones médicas del empresario tuvieron alguna repercusión jurídica.
Mientras no exista una resolución definitiva acreditada, las circunstancias de la firma y la validez de los convenios permanecen como los principales puntos en disputa.
Nacional
El Cromo, jefe de una facción del CJNG y responsable de actos violentos en Oaxaca, es transferido a la FEMDO de la Ciudad de México
Iván “N” alias “El Cromo”,quien fue detenido este miércoles enGuadalajarapor elementos de laSecretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR),llegó a la Ciudad de México (CDMX) en una aeronave de laMarina, y posteriormente fue llevado a laFiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO)para continuar con las diligencias de ley.
El presunto delincuente es escoltado porComandos Anfibios de Operaciones Especiales de Marina.
El Cromoes un objetivo prioritario y es identificado como presunto líder deLos Cromos, célula delictiva ligada alCártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)y es considerado uno de los principales generadores de violencia del estado deOaxaca.
La mañana de este miércoles, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, dio a conocer, por medio de sus redes sociales, la noticia de la detención de Luis N, alias El Cromo, líder del grupo delictivo Los Cromos.
Harfuch informó que la detención se llevó a cabo en Guadalajara, capital de Jalisco.
De acuardo con la información proporcionada por Harfuch, la detención fue resultado del trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval de la Semar, así como del CNI.
Harfuch señaló que Iván N es identificado como uno de los líderes de Los Cromos, célula delictiva ligada al CJNG y que está relacionada con los delitos de homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas.
Además, se dio a conocer que El Cromo cuenta con dos órdenes de apehensión documentadas por homicidio calificado , relacionadas con tres víctimas, y con una tercera orden por el mismo delito, correspondiente a 2020, referida en los registros de inteligencia.
Información en desarrollo…
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EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de octubre: capturan en Jalisco a líder de Los Cromos
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Justicia
REAPERTURA DE MONTE DE PIEDAD DESATA CAMPAÑA PUBLICITARIA QUE CUESTIONA LA ÉTICA DEL SECTOR PRENDARIO
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El regreso de Nacional Monte de Piedad a sus actividades ha reactivado la competencia en el sector prendario, pero también ha dado paso a una estrategia publicitaria que parece encontrar en una crisis ajena el argumento para ganar presencia entre los consumidores.
La campaña difundida por Fundación Dondé ha llamado la atención por utilizar mensajes que hablan de mentiras, abandono y desconfianza, presentados mediante comparaciones con relaciones sentimentales. Frases como “te miente y te sigue cobrando” y alusiones a alguien que estuvo ausente durante un año forman parte de una narrativa que coincide con la reapertura de Nacional Monte de Piedad.
Sin mencionar directamente a la institución, los anuncios parecen hacer referencia a los meses en que sus sucursales permanecieron cerradas como consecuencia del conflicto laboral que enfrentó.
La estrategia busca conectar con una experiencia que miles de usuarios conocen. Sin embargo, utilizar esa circunstancia como argumento para cuestionar indirectamente la honestidad de un competidor coloca la discusión en un terreno donde la creatividad publicitaria comienza a confundirse con la descalificación.
Durante el cierre de Nacional Monte de Piedad, miles de personas enfrentaron dificultades para dar seguimiento a sus operaciones y recuperar sus pertenencias. Fue una situación que tuvo consecuencias para clientes, trabajadores y familias, y que ahora parece convertirse en materia prima para una campaña de posicionamiento comercial.
No se trata de negar que una institución pueda aprovechar las oportunidades que surgen cuando cambia el comportamiento del mercado. Esa es una práctica natural de cualquier actividad económica. El problema aparece cuando la oportunidad comercial se construye sobre la incertidumbre de otras personas y se acompaña de insinuaciones que ponen en duda la integridad de un competidor.
El hecho de que la campaña utilice humor y referencias sentimentales no elimina el fondo de sus mensajes. Asociar a una institución con expresiones como mentira, abandono o engaño tiene implicaciones que van más allá de una frase ingeniosa.
Lo que llama particularmente la atención es que estas acciones provengan de una organización que, al igual que Nacional Monte de Piedad, forma parte del sector de la asistencia privada.
Por su naturaleza, estas instituciones tienen una vocación social que las distingue de otros participantes del mercado. Sus actividades están relacionadas con la atención a personas que requieren apoyo económico, muchas veces en circunstancias difíciles.
En ese contexto, la responsabilidad de comunicar con respeto y sensibilidad adquiere un valor especial, pues la competencia puede ser intensa y las campañas pueden buscar diferenciarse, pero existe una distancia considerable entre promover una alternativa y recurrir a las dificultades de otra institución para provocar desconfianza entre sus clientes.
Mientras tanto, Nacional Monte de Piedad tiene por delante la tarea de normalizar sus operaciones, atender a quienes esperaron durante meses y reconstruir la relación con sus usuarios. Su reapertura representa también una oportunidad para que el sector demuestre que la competencia puede beneficiar a las personas.
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